Resumen: El TC anuló el estado de alarma pero también indicó que no cabía responsabilidad, sin embargo la Sala establece que las limitaciones y acotaciones reseñadas que contienen las STC sobre la limitación de la responsabilidad y efectos de su Sentencia, a pesar de su dicción literal no excluyen, la vía de la Responsabilidad Patrimonial del Estado y de las Administraciones Públicas, En cuanto a la legitimación indica que si la CCAA tiene legitimación pasiva en el recurso interpuesto frente al Disposición del Presidente de la CCAA que adoptó las medidas dañosas por la citada delegación (ex art 2 RD 926/2020 (98), como corolario lógico necesariamente también ostenta esa legitimación pasiva en las pretensiones de responsabilidad patrimonial dirigidas frente a la CCAA derivadas de aquellas medidas dictadas por "delegación". Por todo ello la Sala concluye que es la Administración Autonómica la responsable de los daños que pudieran causar tales medidas. En cuanto a los requisitos de la responsabilidad por estado legislador, indica que no hay fuerza mayor, pero que el daño producido no es antijurídico, pues las medidas eran las medidas a las que se atribuyen los daños deben reputarse necesarias, razonables y proporcionadas lo que determina la exclusión de la antijuridicidad y la consiguiente obligación de soportar los daños por parte del demandante. En cuanto a la individualización del daños indica que no procede porque fue generalizado.
Resumen: Dominio público hidráulico. Ocupación sin autorización o concesión administrativa previa del Organismo de cuenca, de cauce de arroyo, mediante la instalación de una cantera de extracción de pizarra, causando daños al dominio público hidráulico, y afectando a la zona de servidumbre y policía de ambas márgenes. Sanción por la ocupación, sin disponer de autorización previa del Organismo de Cuenca. Caducidad del procedimiento sancionador, plazo de un año y cómputo del mismo por declaración del estado de alarma por RD 463/2020. Principio non bis in idem, doctrina y jurisprudencia sobre el mismo, expediente anterior respecto del cual se constata que el actual afecta a zona más amplia que aquélla, por modificación continuada. Prescripción inexistente, infracción continuada. Principio de autoría o personalidad de la sanción, no vulneración, al constatarse que la actora lleva a cabo la actividad infractora que da lugar al expediente actual, continuadamente y con independencia de titulares anteriores. Respecto a la cuantificación de los daños causados al dominio público, artículo 117.2 y 326 bis TRLA, valoración de las pruebas obrantes en las actuaciones. Principio de proporcionalidad, imposición en la mitad de la cuantía prevista, concurriendo dos circunstancias de agravación de la conducta.
